Ante representantes de la CNDH, el cuerpo diplomático acreditado en México y el Consejo Nacional de Gobernadores (Conago), el presidente Peña Nieto anunció medidas para proteger al gremio periodístico. Su declaración fue dada un día después de una protesta masiva contra el Gobierno por los asesinatos recientes de periodistas. El presidente anunció la puesta en marcha de tres acciones para proteger a los periodistas: 1. Se fortalecerá la estructura y presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 2. Se establecerá un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación para reducir las situaciones de riesgo. 3. Se fortalecerá la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
El problema es que ya el Presidente no goza de la confianza de la ciudadanía y de los periodistas mismos por la simple razón que se interpreta que su reacción es tardía e insuficiente. Del 2000 a la fecha han sido asesinados en México 107 periodistas; en lo que va de la actual administración 34 han sido ejecutados, de los cuales seis han sido asesinados este año. El más reciente caso fue el del fundador del semanario Río doce, Javier Valdez, quien el lunes pasado fue asesinado en Culiacán, Sinaloa.
El presidente Peña Nieto expresó su más enérgica condena por los homicidios de periodistas, los cuales han generado una gran indignación, y expresó a los familiares y amigos de las víctimas sus condolencias. De acuerdo con el Presidente, es obligación del Estado Mexicano en su conjunto otorgar garantías a los periodistas para el desempeño de su profesión, especialmente, ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado, que en ocasiones –aseguró– está infiltrado en instancias de gobiernos locales de ciertas regiones del país.
Digamos que en esa declaración se reconoce el problema de fondo al reprobar los altos niveles de infiltración del crimen organizado de las instituciones. Pero no queda claro si los gobiernos en sus tres niveles tendrán los elementos y la voluntad política para cumplir con el ofrecimiento de mayor protección para los periodistas y defensores de los derechos humanos, por la simple razón de que el fenómeno lleva años no sólo sin resolverse sino agravándose año con año de la presente administración.
Por su parte los gobernadores se comprometieron a crear y homologar fiscalías o áreas especializadas dentro de las procuradurías estatales para investigación y prevención de delitos cometidos contra periodistas. En voz de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y actual presidente de la Conago, los mandatarios estatales además se comprometieron a conformar mapas estatales de riesgo y agresión a periodistas con base en el mecanismo federal, y dar cumplimiento cabal a la recomendación 24-2106 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Trabajar, de igual manera, con un protocolo único, unificado para poder establecer mecanismos de protección, de prevención y de atención a víctimas de este delito; además de establecer en todos los estados el mecanismo de protección homologado con el correspondiente mecanismo federal.
El drama, valga insistir, es que el teatro de los gobernadores más parece un acto de simulación dadas las protestas y la indignación nacional, antes que un verdadero acuerdo para contener la violencia contra los periodistas, por la simple razón de que los gobernadores han sido la parte más timorata en el combate contra la violencia del crimen organizado. Y nada le asegura a la ciudadanía que su pasividad será rota ahora si antes no hubo reacciones ni programas para garantizar no sólo la seguridad de los periodistas sin de la población en general.
México supera el número promedio de muertes por homicidio en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En México hay 19 asesinatos por cada 100 mil habitantes; el promedio mundial es seis. Honduras es el país con más asesinatos por cada 100 mil habitantes: 85.7. Este dato resulta de la Estadística Mundial de la Salud 2017, presentada ayer en Ginebra, Suiza. Un estudio que concentra las bases de datos de 194 estados miembros concernientes al 2015.
Para muchos analistas es obvio que el país vive una nueva crisis de violencia e inseguridad, alcanzando en números los peores momentos de 2011. Los casos emblemáticos ahora son representados por el asesinato de Javier Valdez, en Culiacán, el de Miroslava Breach en Chihuahua y el de Miriam Rodríguez, en Coahuila. Pero todos sabemos que la violencia contra los trabajadores de los medios no se frenará. Porque dentro de la siembra del terror el amedrentamiento de los periodistas es parte fundamental de la estrategia de subordinar a los medios, para garantizar la impunidad como sistema de vida y la pérdida de las libertades como símbolo de la hegemonía de la delincuencia organizada en zonas del país cada vez más amplias.
Al mismo tiempo, también es obvio que la operación política del gobierno de Peña Nieto deja mucho que desear en materia de seguridad por efectos de la extraordinaria descoordinación entre las distintas dependencias que comparten esa responsabilidad. Más allá, fue un error garrafal desparecer la Secretaría de Seguridad Pública al incorporarla a la Secretaría de Gobernación. Permitir que Gobernación acumulara semejante paquete fue un acto de inconsciencia y de menosprecio de la gravedad de la situación.
En términos de gran voluntarismo político se creyó que negando la violencia esta terminaría por reducirse mágicamente. No se entendió la naturaleza y dimensión del fenómeno del crimen organizado y la estrategia adoptada sigue sin obtener los resultados que se esperaban de ella. Más allá, hasta el momento se escamotea la aprobación de la ley de Seguridad Interna por falta de comprensión de cómo combatir a verdaderas fuerzas paramilitares de narcoterroristas que ya han logrado balcanizar el país y crear situaciones de doble poder. Incluso no falta los analistas que califica el cobro de los derechos de piso como si se tratara de una doble carga impositiva.
Es en ese contexto que ahora se proponen resguardar a los periodistas, pero no se entiende de qué manera se les cuidará dentro del descuido generalizado de la seguridad de la población. Claro que queremos resguardar a quienes se juegan el pellejo todos los días con tal de seguir informando. Pero es ilusorio creer que se pueden mantener estrategias sectoriales para un fenómeno que es general. Digamos que van juntos el resguardo de los medios, el resguardo de las instituciones y el resguardo de la población en su conjunto.
México para revitalizar las funciones del Estado tiene que generar una estrategia de conjunto; los objetivos de la pacificación y contención de la violencia tiene que ser parte de una visión de Estado que parta de un análisis de gran sofisticación tanto metodológica como conceptual. No es suficiente señalar que la educación y el empleo van a acabar con el crimen; no en los niveles de barbarie alcanzados en el país.
