Los sismos y su tragedia inesperada en varios estados de la República –Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tabasco y Ciudad de México- apelan a una reflexión sobre los significados de las reacciones contradictorias y a veces conflictivas entre la sociedad civil solidaria y los representantes de los gobiernos aparentemente comprometidos con una respuesta adecuada a la crisis generada por los desastres.
Los gobiernos en sus tres niveles –federal, estatales y municipales- poco a poco perdieron las máscaras y empezaron a demostrar que su apoyo era relativo y hasta interesado, su intervención ineficiente y su incapacidad para manejar la distribución de la ayuda solidaria fue evidente. Con todo y que no fueron pocos los soldados, marinos y policías que se comportaron a la altura de la tragedia. A nadie escapó tanto en México como en el mundo la magnifica respuesta de los voluntarios y rescatistas anónimos en abierto contraste con la bajeza humana de diversos gobernantes. De un lado quedaron los 69 rescatados con vida como baluarte del esfuerzo colectivo voluntario, y del otro quedó la especulación política en el manejo del desastre.
A lo largo del proceso de responder a la tragedia los gobiernos revelaban que la tarea les escapaba por su complejidad, esto es, que la gestión de crisis los rebasaba por su impulso obsesivo de querer controlarlo todo para reducir los costos políticos, aunque generando con su actitud justamente lo que se quería evitar: su mezquindad en la retención de la ayuda alimentaria, su falta de transparencia en el manejo de donativos y su impertinencia se convirtieron en el verdadero costo político de su intervención. Podemos decir que el desprestigio de los gobiernos que intervinieron fue directamente proporcional a la amplitud y pertinencia de la intervención de la sociedad civil ante la crisis generada por los terremotos.
A los aproximados 250 mil damnificados que quedaron sin vivienda se suman centenas de muertos y 1500 monumentos históricos e inmuebles de valor cultural dañados por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre. Iglesias históricas se vieron severamente dañadas. Aunque no fueron pocos los edificios recientemente construidos que también cayeron como consecuencia de las ondas sísmicas. Y en cálculos tentativos se estima que los daños superan los 38 mil millones de pesos.
Y quedaron como especie de damnificados políticos: los gobernadores de los estados afectados y en particular el de Morelos, Graco Ramírez, y su esposa, Elena Cepeda, por acaparar los donativos en las bodegas del DIF y especular política y económicamente con ellos; el delegado de Xochimilco, Avelino Méndez de Morena; el secretario de Gobernación, Osorio Chong repudiado por voluntarios, familiares de víctimas y vecinos en pleno centro de la CDMX; el presidente Peña Nieto que por más buena voluntad que desplegó no logró ganarse la confianza de la sociedad civil.
Los partidos políticos, sin excepción, se defenestraron por su peculiar insensibilidad ante los problemas de la población a la que dicen representar sin hacerlo realmente, pero sobre todo por ofrecer una ayuda que no estaban en posibilidad legal ni en la disposición de dar. En vana competencia los partidos pretendieron que podían destinar sus recursos de campaña a los damnificados generando mucho ruido pero dando pocas o ninguna de las nueces. Por más que estaban ofreciendo como dádiva el dinero que de suyo le pertenece a los contribuyentes, o sea se trataba de gesto con sombrero ajeno. Y de modo contundente el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, tuvo que abandonar la carrera presidencial porque la tragedia en la CDMX simplemente le quedó grande.
Al menos 344 personas fallecieron tras el sismo de 7.1 de magnitud del 19 de septiembre que sacudió el centro y sur del país. La Ciudad de México registraba el mayor número de víctimas, con 205 muertes. Mientras que en Morelos se reportaban 74 fallecidos, en el estado de Puebla, donde se produjo el epicentro, se registran al menos 45 muertos, en el Estado de México sumaban 13 muertos, seis personas más en Guerrero y una en Oaxaca. Entre los muertos se confirmaron nueve extranjeros.
A nivel internacional vale recoger el apoyo con brigadas de rescatistas de Japón, Israel, Estado Unidos, Ecuador, Panamá, Colombia, Honduras, Guatemala, Chile y España. Y no fueron pocos los jefes de Estado y de gobierno que manifestaron su solidaridad con nuestro país. En general se expresó en el extranjero el reconocimiento de los voluntarios mexicanos en su esfuerzo de rescate, y por parte de los mexicanos fu nítido su beneplácito al ver la solidaridad de los rescatistas extranjeros que se sumaron al esfuerzo colectivo.
Por su parte, algunos analistas se dedicaron a comparar los sismos de 1985 y los de 2017 y obtuvieron algunas consideraciones interesantes. En el 85 fueron más aparatoso los derrumbes de edificios públicos que dejaron ver la gran corrupción a través de manipular el erario imperó en México en el desarrollo de los proyectos gubernamentales fuesen multifamiliares o edificios de oficinas públicas. El presidente De la Madrid se había visto aislado, paralizado e incomunicado y capaz de gestos fuera de tiempo y de lugar de una brutal insensibilidad. Y la crisis política generada por el temblor se reconvirtió en un proceso organizacional de la sociedad civil bajo el amparo y predominio de organizaciones clientelares que medraron con la desgracia de los damnificados que se quedaron sin vivienda. Al modo de la organización de René Bejarano y de su esposa, la actual senadora Dolores Padierna, que de ahí obtuvieron su capital económico y político clientelar en la más afrentosa de las impunidades, y prueba de ello fue su ascenso político.
En 2017 fueron más los edificios privados que se colapsaron, lo que habla de otro tipo de corrupción a través de la adquisición de licencias, permisos, tráfico de influencias, información privilegiada y favores de impunidad en la construcción de los inmuebles. Como demuestra el caso de la escuela Enrique Rébsamen, pero también de eso nos hablan los condominios nuevos que se colapsaron para demostrar que la corrupción había permitido que no se cumplieran las normas constructivas en calidad de materiales y en los proyectos constructivos. Los villanos terminaron siendo los burócratas que les otorgan los permisos, licencias de construcción y usos de suelo por una cantidad que suele ser millonaria, junto con los constructores y desarrolladores que se benefician de la corrupción para engañar a sus clientes dándoles gato por liebre.
En términos políticos el presidente Peña Nieto recordó la debacle del ex presidente Miguel de la Madrid en el 85 y se dispuso a demostrar que estaba en la trinchera de los damnificados. Pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Estableciéndose una ley política sobre desaprobación, desprestigio e ilegitimidad. Una vez que la sociedad civil ha condenado a un jefe de Estado y de gobierno por errores políticos graves y sistemáticos, es prácticamente imposible que recupere imagen y presencia ante la opinión pública por más que pretenda haber cambiado de actitud: la desconfianza impera y la desaprobación se convierte en prejuicio ideológico irreparable.
Para confirmar la hipótesis anterior vale referirse a la última encuesta de GEA-ISA, realizada con cuestionarios en puerta de vivienda después del primer temblor entre el 8 y once de septiembre, y por teléfono después del segundo temblor entre el 22 y 23 de septiembre. El resultado marca una aprobación del presidente Peña Nieto de apenas un 16% -nunca cayó tan bajo- y el 78% desaprueba su gestión. A su vez el PRI obtiene el 18% de la preferencias electorales sea quien sea su candidato. Y el 67% de los encuestados -en la CDMX, zona conurbada del Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas- manifestó que su opinión sobre Peña Nieto no se modificó por su intervención durante la crisis de los temblores.
