– La detención de Tomás Yarrington en Italia y de Javier Duarte en Guatemala, nos mandan mensajes ambiguos que vale la pena poner bajo la lupa del análisis. Se trata de dos de los ex gobernadores más buscados por sus inéditos niveles de corrupción, su documentada relación con el narco poder y la decidida perversión en su pulsión por la acumulación de riqueza: a través del atraco directo del erario, de los negocios negros y del endeudamiento de sus estados –quedando en ese sentido el caso de Humberto Moreira del empobrecido estado de Coahuila como paradigmático-.
– Obviamente nos encontramos ante una disposición insaciable de enfermos mentales que resuelven su razón existencia acumulando riqueza que quieren convertir en rentas o en capital;, pero que también representan un Estado disfuncional incapacitado para disciplinar a los servidores públicos por los altos niveles de impunidad de la clase política. Entre 2000 y 2013 tenemos las denuncias de 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores y sólo 16 fueron investigados y sólo 5 procesados.
-Es impresionante el número de estados que han sido lastimados por sus gobernadores convertidos en delincuentes: Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Veracruz. Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Colima, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Morelos, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Jalisco.
– Se trata de una verdadera epidemia nacional de la transformación de los gobernadores en más que pillos por razones de ambición, de poder, de lealtad partidaria para garantizar que el proceso de descomposición perdure y de pertenencia de una clase oligárquica que interpreta de modo patrimonial los recursos públicos.
– No falta quien se pregunte si son delincuentes antes de acceder al poder o se vuelven después de llegar a encabezar la gubernatura. Pero la pregunta es banal porque no se plantea de qué manera sucedió que los gobernadores de prácticamente toda la República se enriquecen como una práctica generalizada que no data de este siglo pero que ahora ha cobrado dimensiones insostenibles.
– Cuando se dice que la corrupción es sistémica se trata de anotar que no se trata de hechos aislados sino de toda una estructura de poder que entre otros componentes avala los actos de corrupción como de “alta política” permisible; incluso sigue siendo vigente la convicción de que se accede a los gobiernos con la aceptación social de que será atracada la entidad como parte de las reglas aceptadas del juego.
– Incluso podemos sostener que la debilidad gubernamental que le permitió a los cárteles del narcotráfico infiltrar instituciones, cooptar presidencias municipales y acceder a los gobiernos estatales, se ubica en la corrupción anterior de los actores que los vuelve vulnerables al chantaje de los delincuentes, quienes dan fundamento a sus cooptaciones en la información que primero recogen sobre los contubernios de corrupción gubernamental. Primero averiguan de qué pie cojean sus víctimas de alto nivel y después ejercen el chantaje y las ofertas de efectivo que los gobernadores no pueden rechazar, porque les conviene el trueque de influencias por razones electorales, o porque ceden ante los mafiosos para garantizar su seguridad y la de sus familias sin perder de vista los negocios.
– Como parte de esa estructura de poder que cada vez impide con mayor fuerza la distinción entre los políticos profesionales y los delincuentes, tenemos una sociedad educada durante decenios en lo que podríamos denominar un sistema de silencios cómplices o atemorizados por posibles represalias laborales o personales. La sociedad es ambigua ante el fenómeno de la corrupción por más que cada día son más los mexicanos que se suman a la crítica de la práctica de corrupción un poco bajo la sensación de que ya llegamos al límite admisible en la perversión de los gobernantes de enriquecerse a costa de sustraer los recursos que debieran ser destinados al desarrollo del país y de sus entidades federativas.
– Pero también nos referimos a los mensajes ambiguos del Ejecutivo federal porque de un lado impulsa y permite que los gobernadores bandidos sean detenidos –ciertamente después de mucho esperar como fue el caso de Yarrington-, pero por el otro el régimen hace lo imposible para que los correctivos de un supuesto sistema nacional anticorrupción no entren en funciones. Estamos a 17 días de que termine el periodo ordinario de sesiones del Congreso, y no se deciden a nombrar al fiscal anticorrupción que sin duda podría ser pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
– Aparte de que se sospecha -con fundamento en la relativa percepción ciudadana- que la selectividad de la persecución de los gobernadores corruptos está mediada por los acomodos priistas para las elecciones del año en curso en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, pero también como acomodo priísta para no salir tan golpeados electoralmente en el 2018.
– Pero se trata de patadas de ahogado por los niveles alcanzados por el fenómeno que se quiere corregir a medias con la intención de mantener el estado de cosas existente: es impactante el número de gobernadores que hacen de su gestión el mecanismo patrimonial para convertir en riqueza privada lo que debiera ser recurso público; son demenciales las proporciones alcanzadas por los atracos; estamos hablando en la reiteración de sustracción de recursos públicos por de decenas de miles de millones de pesos; se reitera la adquisición de residencias por decenas en México y en el extranjero; se sabe que las familias de los gobernadores y de los altos funcionarios participan del atraco y se sospecha que se está exonerando a la esposa de Javier Duarte, la poderosa Karime Macías, de pagar su participación en la gigantesca dimensión de los atracos a cambio de la entrega de Duarte mismo.
– Pero más allá de la especulación sobre como se dieron las detenciones de los gobernadores, lo que la ciudadanía tiene ante los ojos es la generalización de un fenómeno que en este sexenio alcanza su máxima expresión: los recursos públicos son sustraídos en cantidades nunca soñadas por los máximos responsables de la gobernación de los estados y sabemos que también es el caso de los presidentes municipales y de no pocos funcionarios a nivel federal; la connivencia con el crimen organizado de los gobernadores es un hecho cada vez más frecuente; el cinismo de robar sin pena es ya una condición de permanencia en el poder; todo gobernador atracador representa una elaborada red de prestanombres, familiares cómplices y empresas fantasma (eso fue lo que le permitió al ex gobernador de Veracruz hacerse de una serie de propiedades en México, Estados Unidos y España); los gobernadores al igual que los capos del crimen organizado aprenden a levantar sus propios asideros de lavado de dinero.
– El hecho es que pasan los meses y los años sin que se tomen decisiones pertinentes para acotar el flagelo de la corrupción porque este sexenio –y en eso los sexenios anteriores no fueron distintos- se caracteriza por las medidas a medias como gestos de simulación de que se hacen las cosas sin hacerlas realmente. Fue el caso de Fox con la renuncia de atrapar y hacer pagar a los “peces gordos” para que después supiéramos que Martha Sahagún y sus vástagos se habían dedicado a corromperse y a utilizar las instancias del Ejecutivo Federal para ese propósito; Calderón tampoco se distinguiría por su énfasis en acabar con la corrupción y ahí quedó su complicidad con Elba Esther Gordillo.
– Por lo cual cabe preguntarse si el sistema podrá resistir un sexenio más sin un arreglo de cuentas sistémico, real y efectivo contra la corrupción y la impunidad de los gobernadores.
