Alfredo del Mazo toma posesión y promete lo que sus antecesores no pudieron resolver: la seguridad de los mexiquenses, el combate contra la corrupción desenfrenada y el abatimiento de la pobreza:
En su toma de posesión del 15 de septiembre el nuevo gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, presentó los cuatro ejes de su gobierno: seguridad; desarrollo social; desarrollo económico; transparencia y buen gobierno. Aseguró que hará de la entidad una de las más seguras del país, con mayor reducción de pobreza, con el mayor número de empleos generados y con cero tolerancia a la corrupción. Esto es, según sostuvo, consolidará las bases del desarrollo económico y social del Estado de México, pero con paz y tranquilidad. Eso mismo prometieron Peña Nieto y Eruviel en sus respectivas tomas de posesión y ya vimos que no sólo no cumplieron sino que el Estado de México va de mal en peor.
Del Mazo reconoció que el desafío más grande que enfrentará durante su gestión es el de la seguridad y será la prioridad durante su gobierno. Por ello anunció la creación de dos secretarias: la de Justicia y Derechos Humanos y la de Seguridad. Sostuvo: “La seguridad es el desafío más grande que enfrentamos los mexiquenses, hacerle frente es mi prioridad y la prioridad de mi gobierno”. También reconoció que la inseguridad, la violencia y la impunidad nos han arrebatado la confianza. Y convocó a todos los presidentes municipales para que se sumen a la coordinación para implementar el mando único estatal de policía.
De paso subrayó, con evidente cinismo y ritual demagogia, que durante su gestión seguirá el ejemplo del presidente Enrique Peña Nieto por la manera como se comprometió y cumplió con los mexiquenses y con los mexicanos. Inútil interpretar que Del Mazo sabe que le debe la gubernatura a Peña Nieto que utilizó todos los aparatos y recursos del Estado para mantener la gubernatura en manos del PRI como preámbulo de las elecciones del 18. Pero también sabe Del Mazo que su estado va muy mal y que le heredaron una bomba de tiempo, y más cuando votaron por él una minoría absoluta y relativa de los mexiquenses.
Los priistas ante lo que se aproxima como posible debacle en 2018, cierran filas. El nuevo gobernador fue acompañado en su toma de protesta por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien acudió en representación del titular del Ejecutivo federal, así como por 10 gobernadores y cinco ex gobernadores –con Arturo Montiel y Emilio Chuayffet como prueba de la unidad atlacomulca–; además asistieron los coordinadores parlamentarios y el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.
Como grito en el vació, Del Mazo llamó a todas las fuerzas políticas del estado a sumarse a la unidad de la entidad, siendo que la unidad es imposible cuando las elecciones fueron totalmente irregulares y los priistas las convirtieron en elecciones de Estado, al utilizar los recursos gubernamentales para apuntalar la elección de Del Mazo. Nos dice Del Mazo a sabiendas que es una convocatoria sin respuesta real posible: “Convoco a todos los partidos políticos y actores sociales a que renovemos nuestro compromiso con la tierra que nos ha dado todo. Pluralidad nunca es sinónimo de división”. El nuevo gobernador subrayó que es momento de reivindicar la política y apostar por la unidad de los mexiquenses.
Como otro dejo demagógico, indicó que en lo que se refiere a la transparencia consolidará el Sistema Estatal de Corrupción, y advirtió, sin que absolutamente nadie le creyera, que su compromiso será “cero tolerancia con la corrupción”. En lo que se refiere al desarrollo económico, aseguró que creará el mayor número de empleos en la historia de la entidad, para lo que aprovechará el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: “vamos a consolidarnos como el centro logístico del país”. Además, en materia de transportes anunció que se construirá una línea de Mexibus de Naucalpan al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En lo que se refiere al desarrollo social, Del Mazo aseguró que el suyo será el gobierno que logre la mayor reducción de la pobreza, para lo cual aplicará políticas transversales, incluyendo estrategias como el “salario rosa”. Ofreció además el diseño de políticas y acciones que favorezcan a las mujeres comprometiendo mayor seguridad en los sitios donde aplica la Alerta de Género.
El nuevo gobernador señaló que su gabinete estará integrado por cinco mujeres y 13 hombres. Los miembros de su gabinete cubrirán 18 secretarías –cuatro más que durante la gestión de Eruviel-. La Secretaría General de Gobierno será ocupada por Alejandro Ozuna Rivero, ex alcalde de Toluca, ex titular de Desarrollo Social en la administración de Enrique Peña Nieto y muy cercano al actual secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda –lo cual genera severas sospechas y advierte que sus propósitos anticorrupción son puramente cosméticos-. Para la revivida Secretaría de Seguridad todo parece indicar que Maribel Cervantes Guerrero, ex comisionada general de la Policía Federal en el mandato de Felipe Calderón quedará en el cargo en la entidad.
Rodrigo Jarque Lira, ex tesorero en Huixquilucan y ex director general Adjunto de Finanzas de Banobras, estará al frente de la Secretaría de Finanzas. Alejandro Fernández Campillo, exdirector de Desarrollo Urbano en Huixquilucan, será el secretario de Comunicaciones. Para las secretarías de Turismo, Trabajo, Cultura y Desarrollo Económico estarán al frente Ana Lorena Marín, Mercedes Colín y Marcela González Salas, respectivamente. A la Secretaría de Salud regresa Gabriel O´Shea quien ya se había desempeñado en el cargo pero fue llamado al gobierno federal para hacerse cargo del programa del Seguro Popular. En Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal. Para la Contraloría asumirá Javier Vargas Zempoaltécatl. En Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente fueron designados Darío Zacarías Capuchino y Jorge Rescala Pérez, respectivamente. Para Educación será nombrado Juan Millán; para Desarrollo Social, Erick Sevilla Montes de Oca. Enrique Jacob Rocha tendrá a su cargo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.
De todas las ofertas del nuevo gobernador la que más ruido hace es su oferta de resultados en materia de seguridad en tres meses. Algunos analistas señalan que quizás lo que se descubre ahí es que el PRI ya negoció con las bandas de los municipios más inseguros un descenso de la violencia, a cambio de impunidad para seguir desarrollando sus negocios sin ser molestados mientras no rebasen los límites de lo admisible en lo que respecta a los delitos que más lastiman a la sociedad civil y que se han incrementado: homicidios dolosos, homicidios culposos, secuestros, robos de casas habitación, robos a transeúntes y extorsión. Incluso se interpreta que el crimen organizado ayudó a garantizar que ciertos sectores de oposición no asistieran a votar bajo sus amenazas para favorecer al PRI. Se trata de afirmaciones sin pruebas que les den fundamento, pero que se inscriben en las observaciones de las relaciones de complicidad entre los círculos de poder y las bamndas del crimen organizado. Dados los niveles de impunidad alcanzados y el incremento de la violencia delictiva en Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Naucalpan y Atizapán, por sólo señalar la capital y los municipios más afectados. En encuestas recientes sale que el 90.5% (ENVIPE) de los encuestados se sienten inseguros en el estado y el 77.8% sostiene que la policía es corrupta. En el 2016 el Estado de México superó en homicidios dolosos a Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Sinaloa.