- El conflicto en México entre el Estado y las fuerzas paramilitares de los narcoterroristas puede quedar definido como “guerra civil asimétrica” o “conflicto de cuarta generación” caracterizado por la disparidad o asimetría entre las fuerzas armadas del Estado y las fuerzas irregulares del narcoterrorismo. Para equilibrar la relación de fuerzas los narcoterroristas generan una violencia sin límites morales, religiosos o ideológicos y demuestran que en la forma de matar está el mensaje –decapitados, descuartizados, colgados de puentes peatonales, etc.- buscando y consiguiendo amedrentar tanto a sus enemigos como a sus aliados o subordinados temporales.
- Las fuerzas irregulares buscan además dominar espacios sociales y apoderarse del excedente económico tanto legal como ilegal; los narcoterroristas buscan infiltrar instituciones y disciplinar a funcionarios de los tres niveles de gobierno y del sistema de procuración y administración de justicia para garantizar y sistematizar la impunidad; los narcoterroristas ideológicamente son narcofascistas por su manipulación del miedo, por la utilización de la violencia para sojuzgar y subordinar, por el machismo exacerbado y por el valor dinero como principio ideológico existencial dominante: nada es más adictivo y simbólico que el dinero.
- El diseño estratégico del combate contra el crimen organizado sin duda se vio afectado por la incorporación institucional por parte de la Secretaría de Gobernación de la Secretaría de Seguridad Pública. De esa manera se politizó el combate contra las fuerzas paramilitares del narcoterrorismo y la violencia no sólo no descendió bajo ese esquema sino que ya alcanzó los niveles del sexenio de Felipe Calderón. Aparte de que cualquier posibilidad de que Osorio Chong quedara como candidato a la Presidencia en el 2018 se vio enajenada por el fracaso relativo del combate contra la inseguridad y la violencia, el cual se encuentra también en la base de la ingobernabilidad en amplios espacios territoriales.
- De acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 50 primeros meses del gobierno de Peña Nieto se presentaron 75 mil 475 denuncias de homicidios dolosos. Vale recordar que las denuncias de homicidios dolosos durante el mismo periodo en el gobierno de Felipe Calderón fueron 63,094. Es decir, que los asesinatos dolosos aumentaron en un 19.6% comparando los dos sexenios por un mismo lapso de ejercicio de gobierno. Sólo en los dos primeros años de gobierno se dio una ligera baja en las denuncias de homicidios dolosos, que repuntaron en agosto de 2015. Para el cierre de 2016, las denuncias de homicidio dolosos aumentaron 22% con respecto al año previo. El mayor número de denuncias de homicidio doloso se dieron en 2011, cuando se alcanzó la cifra de 22 mil 852. En 2014 cayeron a 15 mil 653, pero en 2015 subieron a 17 mil 34 y al año siguiente a 20 mil 789, la tercera cifra más alta en la historia de las mediciones. Ahora bien, de mantenerse la tendencia actual, el año de 2017 será el más violento en la historia reciente de México.
- Ciertamente las denuncias no necesariamente corresponden a las cifras reales por la presunción comprensible de que los maleantes y buena parte de las víctimas no se prestan a denunciar hechos por temor a represalias, y la cifra del 98% de impunidad permite pensar que la mayor parte de los delitos cometidos incluyendo los asesinatos dolosos no son investigados. De hecho sabemos que la PGR hace tiempo que se ve rebasada por los acontecimientos delictivos. Lo cual también incide en la incapacidad gubernamental para el diseño estratégico: el fenómeno no se mide adecuadamente y sus dimensiones sólo se contemplan por la magnitud alcanzada por la violencia en amplios espacios territoriales.
- Por otra parte, las áreas de prevención se quedaron sin presupuesto para este año, entre otras cosas, porque la suposición de que es preferible prevenir que lamentar cayó en el vacío por las dimensiones del conflicto. No es posible prevenir el incendio de una casa que ya está en llamas. Ahí puede constatarse que en el inicio del sexenio Peña Nieto y sus colaboradores del gabinete de seguridad cayeron en el prejuicio manejado por la oposición de izquierda en el sentido de que el crimen se debe prevenir antes que combatir.
- La inseguridad y la violencia ya pasaron a estar entre las primeras preocupaciones que tienen los mexicanos de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública: el 74.1% de los mexicanos mayores de 18 años admiten que la inseguridad y la violencia los afecta. La economía también es preocupación, pero de alguna manera los ciudadanos intuyen o suponen que la economía también se ve afectada por los altos niveles de la inseguridad y la violencia. No han sido pocas las advertencias de las organizaciones patronales de que ya es tiempo de diseñar una estrategia de combate al crimen organizado que sí funcione.
- Además se tiene la convicción en todos los estratos sociales de que las policías siguen sin ser reformadas y que casi siempre entran en connivencia con los criminales. Lo mismo se piensa de los aparatos de procuración y administración de justicia. Y al mismo tempo que la oposición no se cansa de exigir el retorno de los militares a los cuarteles, en las poblaciones afectadas por la inseguridad y la violencia se tiene la certidumbre de que es necesaria la presencia del Ejército y de la Armada para el resguardo de la seguridad.
- Parece irreal que los legisladores no sean capaces de culminar los trabajos para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior demandada por el propias fuerzas armadas para que sea regulada su intervención. Sin duda el tema se ha politizado y no faltan las voces que denuncian la militarización del país si esa ley se aprueba. Al parecer, de nueva cuenta, no se entiende la dimensión del fenómeno y no se advierte que lo que está en juego no es sólo la seguridad pública sino la seguridad nacional en términos multidimensionales.
- Y la referencia a la seguridad nacional es obligada cuando se contempla que el territorio del país se encuentra prácticamente balcanizado, porque las fuerzas del crimen organizado en muy amplios espacios –Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Baja California, Colima, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco y Zacatecas, por sólo citar los estados más afectados- logran imponer sus condiciones a la ciudadanía en materia de violencia de género, extorsión, venta de protección e infiltración de instituciones en los tres niveles de gobierno. El caso es que los tres componentes del Estado –territorio, población e instituciones- ya se encuentran seriamente afectados por la prepotencia del crimen organizado y sus fuerzas paramilitares; y los efectos de la ingobernabilidad se manifiestan tanto en el interior como en el exterior de la República. Se percibe en el interior del país la incapacidad de mantenimiento del orden interno y para la nueva administración provocadora de Estados Unidos la debilidad de México se manifiesta justamente por el descontrol gubernamental ante la violencia y el poder adquirido por las organizaciones criminales. Así lo ve Trump y en este caso no se equivoca.
- Por tanto ya no es posible seguir denegando la guerra civil asimétrica y se tiene que encontrar una mejor manera de combatir el crimen organizado –sean cárteles o simples bandas- porque su irrupción en el tejido social provoca y ahonda la disfuncionalidad del Estado y genera un verdadero desgarramiento multidimensional, el cual dejará secuelas muy difíciles de restañar, porque la pacificación del país ni siquiera se ha planteado y diversos ejemplos anteriores (El Salvador, Colombia) muestran que la búsqueda de la paz puede ser traumática y de extrema dificultad. Incluso los resultados electorales para el 2018 dependerán de la paz social.
MNM