Los aspirantes al gobierno del Estado de México sostuvieron anoche su primer debate oficial de cara a la elección del próximo 4 de junio. La corrupción se convirtió en el tema central y los candidatos a la gobernatura del Estado de México repartieron acusaciones por supuesto historial de corrupción de sus adversarios.
Conforme avanzaba el debate sorprendía constatar que con excepción de la candidata independiente, María Teresa Castell, todos los otros cinco participantes o habían sido acusados de corrupción -Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez-, o cuentan con una familia de pasado y presente de corrupción innegable –Alfredo del Mazo-, o han correspondido con la complicidad adecuada a las prácticas de corrupción de su propio partido – como es el caso de los candidatos perredista y petista.
El ambiente era tenso porque las acusaciones mutuas volaban y los televidentes tenían la certidumbre de que todos jugaban el juego de denunciar la corrupción de los otros para ser políticamente correctos, pero sin poder esconder que son parte de esa realidad ominosa, como políticos profesionales que perteneciendo a la clase política mexicana interpretan que la corrupción es un recurso táctico para alcanzar sus objetivos estratégicos.
En todo caso, los cuatro candidatos de los partidos obviamente habían sido entrenados por sus consejeros para recibir acusaciones de corrupción sin inquietarse o molestarse; pereciera que los políticos mexicanos son entrenados para sobrellevar el estigma de corruptos sin inmutarse porque racionalizan sus atracos como parte de los gajes del oficio de la “alta política”. Digamos que parte de la ideología dominante de los miembros de la oligarquía en el poder es la de saberse corruptos sin que se les note, dentro de un aprendizaje de interiorización del cinismo como elemento permanente de simulación.
Cada vez que los cuatro candidatos afiliados a los partidos intervenían contra la corrupción daban la impresión de que eran parte del sistema y que, por tanto, estaban habituados a tragar sapos y a dejar pasar las corruptelas como parte de las reglas de juego para poder seguir en el candelero. Los cuatro colaboraban en crear el ambiente propicio para denunciar al otro. Pero todos sabiendo que cuando más le arrancarían algunos votos a sus contrincantes, pero por ningún motivo irían a la cárcel por corruptos.
Se saben impunes incluso para denunciar la corrupción de los otros pero nunca admitiendo que son parte de un sistema corrupto hasta la médula. Tomemos el caso de los ex gobernadores del Estado de México: todos han pasado por el aprendizaje de la corrupción bajo estrictas normas de secrecía y complicidad con los maestros en la corrupción que les anteceden en el poder.
Durante el primer bloque, sobre seguridad pública y justicia social, los candidatos destacaron la corrupción como un problema que obstruye el combate a la violencia. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, ofreció hacer un programa de limpieza de la policía. “Los jueces son corruptos y cómplices”, acusó la panista. Además, acusó el retiro de 10 por ciento durante 72 quincenas a los trabajadores por parte de la candidata de Morena, Delfina Gómez, cuando fue presidenta municipal de Texcoco. Con cara de gran desvergüenza Josefina denunciaba a Delfina pero sin reconocer un segundo su responsabilidad en la desaparición de cerca de mil millones de pesos que la Cancillería le dio para programas de apoyo a los migrantes sin que haya rendido cuentas de a dónde fue a parar ese dinero; o bien, Josefina se propone depurar a las policías pero no se le ocurre depurar a la clase política.
En ese mismo sentido, el aspirante de la coalición que encabeza el PRI, Alfredo del Mazo, también ofreció depurar la policía y fortalecer la fiscalía de delitos contra las mujeres para reducir los feminicidios. Pero lo hace sabiendo que la ineficiencia y corrupción de las policías del estado es obra del priismo histórico que siempre ha gobernado ese estado. Para después en el más aberrante de los cinismos sostuviera: “No voy a dejar que uno solo que no cumpla con su función esté en la policía”.
Durante el bloque sobre corrupción Del Mazo mostró una foto de Vázquez Mota con el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, aunque se equivocó del delito por el que fue detenido y lo mencionó como “secuestrador”. Los priistas son los reproductores más prolijos de gobernadores delincuentes pero no se ven obligados a registrar cuáles son sus delitos por la simple razón de que para ellos el pillaje político no es un delito sino una práctica socialmente aceptada. Incluso juniors como Del Mazo suponen que tiene una especie de derecho hereditario del poder porque nacieron, se educaron y se reprodujeron en el seno de la oligarquía en el poder. Son parte de la minoría de multimillonarios con acceso natural al poder.
Lo cual nos lleva a otra reflexión sobre los candidatos: sus imprecisiones, falsas ideas y trivialidades son producto de su ignorancia evidente, pero también son parte de los sistemas de impunidad que permite que los aspirantes a una gubernatura no tengan las más remota idea de lo que significa gobernar un estado. Más lacerante todavía, se refieren a la pobreza como si realmente les preocupara cuando todos sabemos que no les importa un segundo la suerte de los más desvalidos; y cuando la desigualdad la contemplan como un mal necesario y fatal.
Por su parte, Delfina Gómez, aspirante de Morena a la gubernatura, cuestionó la propuesta del aspirante priista sobre instalar cámaras de vigilancia en la entidad sin mayores argumentos. Además afirmó sin decir de dónde provenían las cifras: “La corrupción de Atlacomulco nos cuesta 117 mil millones de pesos anuales, más del 53 por ciento del presupuesto que tiene el Estado de México”. Digamos que Delfina se comportó como discípula acrítica de AMLO realizando una mala imitación por su desarticulación verbal y porque quien repite ideas nunca llega a dominarlas.
El candidato perredista, Juan Zepeda, destacó que durante su administración como alcalde de Nezahualcóyotl hubo una reducción de la inseguridad en la localidad. En cuanto a corrupción, refirió que a diario en los medios de comunicación se leen escándalos de corrupción en el país. Mientras el candidato del PT, Óscar González, prometió meter a la cárcel a los ex gobernadores mexiquenses Eruviel Ávila y Enrique Peña Nieto.
En cuestión de Desarrollo Social, tercer tema del debate, fue curioso que ninguno de los candidatos denunciara la tropelía de Peña Nieto al nombrar a su amigo de infancia, Luis Miranda Nava, a cargo de la Sedesol siendo iletrado. Aunque si se denunció la manera como los priistas ponen a su disposición electoral el conjunto de los programas sociales en complicidad con las autoridades electorales.
Podríamos, finalmente, hacer un recuento de las promesas imposibles de cumplir de los candidatos, lo cual nos llevaría varias páginas, pero valga solo anotar que prometer no empobrece y que en ningún momento demostraron con qué recursos lo harían.
