- En materia de violencia cuantificada y de asesinatos dolosos por cada cien mil habitantes el mes de febrero pasado se ha calificado como el mes más violento en términos absolutos y relativos de que se tenga memoria. Y lo más sorprendente es que los responsables del gobierno federal para la seguridad pública insisten en negar la dimensión de la tragedia, pelean por la precisión de los números, se echan mutuamente la culpa pero no dan razones ni explicaciones de cómo sucede que la violencia en lugar de contenerse se expande.
- Según Alejandro Hope, quien perteneció al Cisen y se le considera como un buen especialista en materia de violencia, el mes pasado se cuantificaron 2,098 víctimas de homicidios dolosos en todo el país: 75 víctimas por día. Lo cual significa que el total de número de víctimas por ese motivo en febrero de 2017 es superior en 14% al alcanzado hace seis años, y el 2011 fue el año más violento del sexenio de Calderón. Peor todavía, se registra que el número de asesinatos creció en 25 de las 32 entidades del país.
- En ese mismo sentido, ayer se difundieron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Ahí se detalla que en el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2017 ocurrieron en el país 3 mil 779 homicidios dolosos, de los cuales 2 mil 533 se cometieron con arma de fuego, es decir, el 67.02%. Se trata de la peor cifra de los últimos 20 años para dicho bimestre, ya que desde 1997 no se tenía un registro tan elevado de crímenes. Los 3 mil 779 homicidios dolosos registrados entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2017 representan un incremento del 6.3% respecto de 2011. Si se comparan con el mismo periodo de 2016 (2 mil 921 homicidios dolosos), el incremento es del 29.3%. Según las cifras del SESNSP, los 3 mil 779 crímenes registrados entre enero y febrero pasados, arrojan un promedio de 42 casos por día (Hope habla de 75 al día para febrero).
- Las entidades con mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes hasta el 28 de febrero son: Colima con 13.77; Guerrero con 9.43; Baja California Sur con 9.26; Sinaloa con 7.97; Baja California con 7.09; Chihuahua con 7.03; Morelos con 5.75; Zacatecas, con 5.06; Michoacán, con 4.92; Sonora, con 3.69, y Oaxaca, con 3.42. El Estado de México que históricamente tiene los registros más altos de homicidios en términos reales, reduce su tasa en términos relativos gracias a que es la entidad más poblada, con 1.79 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero a la vez es la entidad que mayor número de crímenes registró entre enero y febrero, con 310. La segunda entidad con mayor registro absoluto es Chihuahua con 266 homicidios dolosos y Michoacán tuvo 229 casos. La Ciudad de México, también con una alta población, tuvo un promedio por cada 100 mil habitantes de 1.93 homicidios dolosos.
- Pero ante la crisis sorprende la parsimonia de la respuesta por parte del Estado mexicano. El Senado prepara reuniones para reforzar las estrategias de seguridad para Veracruz, Morelos, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero, porque en esos estados de modo acelerado se han disparado los índices de homicidio, secuestro y robo con violencia. Lo cual es absurdo considerando que el incremento de la violencia es nacional. Además de poco sirven las reuniones en el Senado en términos operativos.
- Más parece que se quiere simular preocupación por el incremento de la violencia, pero lo que sigue esperándose es una respuesta de Estado, que comprenda el fenómeno en su conjunto y que se establezca como un proyecto nacional de reconstrucción institucional del Estado de derecho, que dé efectiva cuenta de la reducción de la violencia por vía de la coordinación nacional de esfuerzos. Pero sigue siendo confuso el panorama de la definición estratégica.
- Por su parte, el Ejército a través del director de Derechos Humanos de la Sedena, general José Carlos Beltrán Benítez, rechazó ante los medios de modo directo las imputaciones de AMLO –sin mencionarlo- en su reciente gira a Estados Unidos y lo acusa de generar una percepción equivocada de la realidad. Advierte el general que el Ejército no incurre en actos de represión y si existen hechos en ese sentido que se muestren las pruebas –en referencia a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa-.
- Lo cual parece bien, el Ejército no tiene por qué aceptar culpas o responsabilidades delictivas que no le atañen. Además se sostiene que se está haciendo un esfuerzo particular para que los miembros de las fuerzas armadas interioricen el respeto de los derechos humanos como parte de su ejercicio profesional. El dilema se plantea cuando se recogen los recuentos de la intervención del Ejército y de la Armada en las poblaciones donde se combate al crimen organizado; no son pocas las quejas de los abusos de las fuerzas armadas.
- Pero lo cierto también es que los legisladores insisten en no regular la forma de intervención de dichas fuerzas del Estado. Quedando en la ciudadanía la convicción de que lo único cierto es la incertidumbre ante la forma y eficiencia en el combate del crimen organizado. Cómo quedó establecido, la violencia continúa avanzando, la estrategia para combatirla es poco clara y según los resultados obtenidos se puede hablar de un fracaso contundente: no sólo las cifras en comparación con el sexenio de Calderón no han disminuido, sino que son más los estados de la República que se ven envueltos en la espiral de la reproducción de víctimas inocentes.
- Como contraste, nos informa Enrique Quintana de El Financiero, que los datos más recientes del Banco de México indican que el crédito bancario al sector privado no financiero creció 13% en términos reales durante 2016 y que el segmento más dinámico de esta expansión correspondió a las empresas, cuyo incremento fue de 15% real, lo que implica un índice superior en siete veces comparado con el ritmo de crecimiento de la economía. Los datos de arranque de 2017 se moderaron, pero siguen muy altos, pues en enero el crédito de la banca comercial al sector privado aumentó en 7.9% en general. Explican este dinamismo, en parte, la formalización de trabajadores y de las Pymes, pero también está el tema de los costos aún relativamente bajos del crédito bancario. En una perspectiva de corto plazo, vemos hoy presiones alcistas en las tasas de interés en México y en Estados Unidos. Pero la clave para poder visualizar la perspectiva con optimismo es ver el potencial de largo plazo. Quizás en el horizonte inmediato se vean problemas importantes y elementos de incertidumbre que nublan el panorama. Pero hay un proceso subyacente en la sociedad mexicana que trae consigo cambios tanto en el ámbito económico como político y social, que es el fundamento del optimismo.
- Apreciamos el optimismo de Enrique Quintana que en términos generales es un hombre bien ponderado, pero la realidad subyacente de México dice todo lo contrario de lo que él quiere suponer. El incremento de la violencia es el sustrato verdadero de la sociedad mexicana y la economía sigue funcionando por tratarse de una guerra civil asimétrica que no alcanza el grado de guerra civil abierta, pero que nos habla de una descomposición profunda de la sociedad. Los sorprendente en todo caso, es como en América Latina las sociedades han aprendido a permitir la coexistencia entre el desquiciamiento general marcados por la pobreza y la violencia, y la vida económica de los estratos superiores que parece no suspenderse por la acumulación de las tragedias que lastima pero no paraliza la acumulación del capital.
MNM