El tema de la ordeña o extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex se ha convertido en tema de primera plana después de los enfrentamientos en Puebla. Conforme avanza el análisis de esta nueva pesadilla generada por el crimen organizado y empleados de Pemex en connivencia con las comunidades que han hecho de ese ilícito su forma de vida, se hace cada vez más evidente el abandono de las instalaciones de Pemex al extremo que parece ser propositivo.
Incluso se afirma que la ordeña no es un fenómeno nuevo y que por muchos años los miembros del sindicato petrolero también le entraron al negocio, si no es que los coordinaron antes de que los narcos se apropiaran del control del robo gigantesco de combustible y de crear nuevas redes de ventas, de informantes y de operadores bajo su mando.
El problema en todo caso es que la red de complicidades es tan imbricada que se dificulta saber quién es responsable de qué. Aparte de que la resistencia armada de las bandas de huachicoleros ya tiene un amplio apoyo popular que hace más difícil el arreglo de cuentas con los delincuentes.
Por otro lado, la ordeña generalizada nos habla del “descuido” con el que han manejado Pemex desde hace décadas: sus activos se reducen a sus ruinosas instalaciones empezando por las refinerías, a una red gigantesca de ductos semiabandonados sin mantenimiento, a la disfuncionalidad de una empresa dirigida hacia su derrota económica y financiera. A veces da la impresión de que se han propuesto quebrarla porque el estado en el que se encuentra pudo haber sido evitado.
Se habla de que el proyecto finalmente es el de privatizar Pemex y para ese propósito se permitió y propició su autodestrucción. Sin que haya evidencias de dicha privatización, tanto descuido no puede pensarse por mera negligencia o falta de profesionalismo administrativo y técnico. Las tomas clandestinas de energéticos son parte de la tenacidad en el abandono del mantenimiento de los ductos y en la necedad de sólo utilizar ductos de acero habiendo otras alternativas más baratas y eficientes.
El caso es que los narcotraficantes en el país ya no se limitan solamente a cubrir el mercado de las drogas, sino que ahora se extienden hacia el petróleo y una forma fácil de tenerlo es por medio de la “ordeña”. La semana pasado vimos como una carretera mexicana se llenó de humo negro de llantas quemadas después de una noche de enfrentamientos que dejó a cuatro soldados y siete civiles muertos. Las autoridades están desplegando urgentemente a más de 2,000 soldados, además de helicópteros, drones y rastreo GPS para localizar a las bandas de huachicoleros.
Los datos de Pemex muestran que los huachicoleros han estado aprovechando su actividad ilícita al máximo: la extracción de combustible de las perforaciones clandestinas se han disparado en más de 2,000 por ciento en la última década; se cuentan 6,873 en 2016 y se han cuadruplicado desde que asumió su cargo Peña Nieto. Pemex afirma que perdió 30 mil millones de pesos (1.6 mil millones de dólares) el año pasado debido al robo de combustible.
Los huachicoleros operan a nivel nacional pero su base de operaciones está en lo que se conoce como el Triángulo Rojo en el estado de Puebla, en la ruta de un oleoducto clave que conecta una refinería en el estado de Veracruz y la capital del estado. Se afirma por parte del Grupo Imagen que los líderes de los huachicoleros están vinculados con el famoso cártel de los Zetas. Camarillas del crimen organizado extorsionan y atemorizan a los ciudadanos locales para garantizar su complicidad y según expertos también reclutan y sobornan a funcionarios gubernamentales.
Durante las confrontaciones el 3 de mayo, desencadenadas cuando los soldados entraron a investigar una toma clandestina en un oleoducto, los delincuentes utilizaron a mujeres y niños como escudos humanos. El gobernador de Puebla Antonio Gali contó cómo un niño de 11 años en el Triángulo Rojo le había presumido de ganar 12,000 pesos al mes — cuatro veces el salario de su padre — por ser vigilante o halcón de los ladrones de combustible.
Los huachicoleros venden abiertamente el combustible obtenido ilícitamente a un público dispuesto a pagar la mitad de precio. No faltan compradores, especialmente después de que el gobierno aumentó el costo del combustible en cerca de 20 por ciento. Peña Nieto ha prometido “desmantelar completamente” a las pandillas de ladrones de combustible en Puebla, pero inmediatamente enfrentó acusaciones de abusos de derechos humanos cuando se transmitió un video que muestra a un civil recibiendo un balazo en la cabeza a manos de un soldado.
Erradicar el robo de combustible sería un gran beneficio para Pemex, cuyas frágiles finanzas finalmente parecen haberse estabilizado. Sin embargo ya hubo otra confrontación mortal entre los huachicoleros y la policía en Veracruz. Además, la actividad de los ‘huachicoleros’ encarece el precio de la gasolina por la vía indirecta: el litro de gasolina que vende Pemex considera un costo extra que cubre la necesidad de arreglar perforaciones, atender el paro de bombeo, contar con personal para reparaciones, el pago de agentes de investigación, así como vigilancia permanente de los ductos y prevención del delito.
Todos los gastos de seguridad autorizados que están detrás de la prevención de las tomas clandestinas en México ascienden a 158,333 pesos cada hora, o sea, 3.8 millones de pesos al día, de acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Estos gastos son los que destina Pemex en arreglar las perforaciones, en el paro de bombeo, en el personal para reparar los ductos perforados, en los agentes de investigación y en la vigilancia permanente de los tubos, entre otros.
Y por supuesto que esos costos suplementarios finalmente se integran en el costo de cada litro de gasolina que consumimos en el país. Pero a esos datos de ignominia agreguemos el hecho de que son pagos por actividades que no se realizan a plenitud bajo la complicidad del sindicato, de los empleados de confianza, de los trabajadores de de base y de los altos funcionarios. La simulación de hacer lo que no se hace es paradigma en Pemex y las reglas de juego son claras: el silencio cómplice es garantía de permanecer en el trabajo. La denuncia se paga con despido, cárcel y ahora muerte.
Pero aparte de los costos suplementarios y de la distorsión del mercado de combustibles, la atención debe de concentrarse en la disfuncionalidad del Estado mexicano. Tal y como ahora ya se reconoce, acabaron con la gallina de los huevos del oro negro por vía del despilfarro, el atraco, la dimensión corporativa del sindicato petrolero, la pésima administración y la necedad de sustituir con la renta petrolera la omisión en la recaudación de impuestos. Para dejar una reflexión final: tan criminal es la actividad de los huachicoleros como lo es la negligencia y la corrupción de la estructura de la empresa que permitió su desarrollo.
