Cualquiera de las concepciones sobre la funcionalidad de un Estado supone como tema prioritario la seguridad de su población, la integridad de su territorio y la confiabilidad de sus instituciones. No es exagerado suponer que un Estado que no garantiza la seguridad de sus pobladores y del patrimonio de éstos puede calificarse como Estado fallido en los casos extremos –Siria, Irak o Afganistán como ejemplos- o cuando menos se puede hablar con corrección de un Estado disfuncional. En el México actual no se garantiza la seguridad de la población en buena parte de la República, el territorio está balcanizado bajo el doble poder de facto en vastas extensiones del país impuesto por el crimen organizado -con el cobro del derecho de piso como constante de esa realidad-, y las instituciones dejaron de ser confiables por los altos niveles de infiltración de las fuerzas criminales en su desempeño.
Vayamos a las cifras de dos fuentes confiables, la consultora en materia de seguridad Lantia y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):
Según las cifras oficiales del SESNSP en los 52 meses del sexenio de Peña Nieto se registraron 79,394 homicidios dolosos que comprenden tanto aquellos de autoría del crimen organizado como los que no tienen ese origen; en marzo de 2017 se reportaron 2,020 asesinatos dolosos batiéndose todos los récords anteriores. De acuerdo a la reflexión sobre las cifras de homicidios dolosos de Leo Zuckermann, se puede establecer a simple título indicativo, que si restamos de los 79,394 registrados por el SESNSP, los 44,660 registrados por Lantia como generados por las acciones del crimen organizado, entonces tenemos que 34,734 homicidios no fueron cometidos por los criminales organizados y nos queda que el 56% sí fueron de su autoría. Ciertamente se trata de cifras aproximadas o tentativas todas ellas por la simple razón de que en las condiciones presentes de guerra civil asimétrica no todos los crímenes son denunciados y menos aún registrados, por más que no dejan de ser significativos sobre la realidad que está viviendo el país.
De acuerdo a la distribución de la cifras sobre crímenes cometidos en los estados recogidas por Lantia, tenemos que en marzo de 2017 las entidades más violentas fueron: Veracruz (431 asesinatos), Guerrero (163), Guanajuato (134), Michoacán (116), Sinaloa (86), Baja California (70), Chihuahua (64), Colima (63), Estado de México (58), Morelos (52). Considerando además que tuvieron incrementos porcentuales extraordinarios entre febrero y marzo de 2017: Veracruz del orden del 215%, Colima del 91%, Zacatecas del 63%, Guerrero del 27%, Estado de México del 58% y Sinaloa del 25%. A nivel municipal el puerto de Veracruz se lleva la presea de oro con 255 asesinatos en el mes de marzo de 2017, Acapulco registra 71, Culiacán 54, Tijuana 51, Alvarado 47 y Los Cabos con 33 asesinatos.
A título indicativo porque se trata de un delito que difícilmente se denuncia por temor a represalias, en materia de secuestros tenemos que durante los 52 meses del sexenio de Peña Nieto fueron denunciados ante los Ministerios Públicos 5,694 secuestros, o sea un promedio de 4 al día; en marzo de 2017 se registran 101 secuestros comparados con 92 en febrero. En materia de extorsiones que tampoco son denunciadas por las mismas razones de posibles represalias, que en el sexenio han sido denunciados 26,318 casos, pero sabemos que esa cifra no representa la dimensión de un fenómeno que ha sido expansivo y vastas regiones del país.
De acuerdo con el SESNSP, que como ya vimos suma en un sola cifra a todos los asesinatos dolosos, tenemos que de enero a abril de este años se registraron 7,727 casos de homicidio, lo que ubicó la tasa nacional de este delito en 6.26 personas muertas por cada 100 mil habitantes. Tan sólo en abril de 2017 hubo 1,948 homicidios dolosos. En marzo ocurrieron 2,025 homicidios dolosos; en febrero 1,826, y en enero, 1,928. Según las cifras, la tasa nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes se ubicó en 6.26. Colima es la entidad con la mayor tasa de homicidios con 24.74, seguida por Guerrero, con 20.40; Baja California Sur, con 17.78; Baja California, con 15.51, y Sinaloa, con 15.32.
Por número total, Guerrero ocupa el primer lugar, con 739 casos, seguido de Estado de México, con 660; Baja California, con 556; Veracruz, con 488, y Chihuahua, con 484. Sinaloa es sexto, con 465 casos, seguido de Michoacán, con 439; Jalisco, con 396; Guanajuato, con 350, y la Ciudad de México cierra el top ten, con 335. Estas 10 entidades concentran el 63% de la incidencia de homicidios en el país, al acumular 4,912 casos. En contraste, el estado con menor número de homicidios dolosos totales es Aguascalientes con únicamente 16 casos, seguido de Yucatán, con 23; Nayarit, con 27; Campeche, con 28; Tlaxcala, con 38; Querétaro, con 58; Quintana Roo y Durango, con 74; Hidalgo, con 81, y Coahuila, con 84.
Según las cifras del SESNSP otros delitos como el secuestro y la extorsión también tuvieron un repunte, aunque en ambos casos aún están lejos de colocarse en la posición con mayor incidencia. En el caso del secuestro, en el primer cuatrimestre de 2017 tuvo un incremento del 10.7% con relación con el mismo periodo del 2016 y en el caso de la extorsión el alza fue del 24.24%. En materia de secuestro el periodo con mayor incidencia fue enero-abril 2014, cuando se registraron 553 casos. En cuanto a extorsión, el peor año en la última década fue 2013 con una incidencia de 2 mil 576 casos, pero sabemos que esto no corresponde a la realidad.
Resulta evidente entonces que el sexenio de Peña Nieto tiende a consolidarse como el peor período de la historia contemporánea de México en cuanto a la expansión de la criminalidad al punto en el que se pone en duda la integralidad del Estado. Incluso se ha puesto en cuestión un concepto como el de soberanía que en términos clásicos nos habla de la unicidad del Estado. Y digamos de paso que la inseguridad y la violencia hablan de un Estadio débil tanto hacia lo interno como hacia el exterior. De ahí la arrogancia enferma de Trump cuando se trata de la relación con México y con los mexicanos. Además se plantea el peor de los enigmas ante las circunstancias ominosas que estamos viviendo: cómo vamos a hacerle como país y como nación para recuperar la paz perdida.
