Deportados, respuesta estratégica

En términos humanitarios, de las medidas de agresión de Donald Trump programadas en contra de México como país y de los mexicanos como chivos expiatorios y víctimas del imperio hegemónico que busca seguir siéndolo, sin duda la más drástica podría ser la deportación masiva de migrantes indocumentados.

Por un lado, este atentado en nuestra contra traería aparejada la división de las familias que ya viven de modo regular en Estados Unidos; y por el otro lado tendríamos el descenso del envío de remesas que empobrecería a los familiares de los deportados que viven en México: porque de eso dependen para seguir viviendo. Se trata de una verdadera tragedia social que tendrá repercusiones severas en la relación bilateral, pero también significará un ingrediente explosivo más de la crisis interna que día a día se ha ido agravando.

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Ciertamente, como veremos en esta entrega, deportar a nuestra gente no es enchílame las que siguen por el número de indocumentados mexicanos (se dice que 4 o 5 millones en la actualidad pero a ciencia cierta nadie lo sabe por tratarse de seres en el semi clandestinaje) y por las redes de protección que se están tejiendo en las ciudades más importantes de Estados Unidos que se están convirtiendo en verdaderos santuarios.

Además, pocos han entendido que la verdadera resistencia no se genera en la red de los cincuenta consulados mexicanos, sino en la muy amplia red de organizaciones méxico-estadounidenses, de oriundos mexicanos –clubes zacatecanos, oaxaqueños, michoacanos, jaliscienses, etc.- y de las distintas comunidades hispanas que ya en 2006 fueron capaces de movilizar a diez millones de personas a favor de un reforme migratoria integral y en oposición a la iniciativa legislativa H.R. 4437 que criminalizaba tanto a los migrantes indocumentados como a todas las personas que se prestaran a darles ayuda. Veamos en detalle el asunto:

  • El número de deportados alcanzó la cima durante la administración Obama: 2.6 millones de migrantes indocumentados fueron deportados en el curso de ocho años. Lo cual representó un número muy considerable de familias divididas y patrimonios perdidos.
  • El número de deportados en los últimos años descendió, en números absolutos, pero sigue siendo substancial: en el 2005 fueron deportados 513,000 mexicanos y en el 2015 sumaron 175,300 (Colegio de la Frontera Norte –COLEF-).
  • Sin embargo, se incrementó el número de deportados con más de un año viviendo en Estados Unidos. En el 2005 de los 513 mil deportados el 6.6% (30,780 casos) tenían más de un año viviendo en Estados Unidos, en el 2014 de 214,400 deportados el 27% (57,888 casos) tenían más de un año de vida en ese país.
  • Este incremento de deportados con más años de vida en Estados Unidos será decisivo en el diseño de una estrategia de respuesta a las posibles deportaciones masivas en la administración Trump.
  • Valga insistir, mientras más años tienen los deportados indocumentados viviendo en Estados Unidos mayor es su patrimonio abandonado, pero todavía más significativo, mayor es el número de familias divididas y de hijos menores de 18 años separados de los padres.
  • En 2015 el 33% de las personas deportadas dejaron a la familia en Estados Unidos: 57,894 familias fueron separadas y los hijos de estas familias quedaron sin sus jefes de familia y sin el sustento que éstos representaban. Esa es la parte más lamentable de la tragedia de la deportación masiva de trabajadores; además muestra que las redadas a los centros de trabajo y escuelas se han incrementado.
  • Es pertinente agregar, que en muchos casos se trata de deportados que pierden su trabajo bien remunerado y posible ascenso a las clases medias con sus estilos consumistas de vida, lo cual incrementa el shock postraumático de ser deportados y marca que el apoyo que se les brinde deberá será distinto al que se piensa -el cual pareciera responder a los braceros de los años cincuenta-.
  • El descenso constatado en el número de migrantes indocumentados mexicanos que viajan a Estados Unidos y del número de deportados en los últimos años, permite pensar que la situación sólo se agravará paulatinamente en el futuro inmediato, a pesar de los deseos y amenazas del presidente Trump.
  • La instrumentación de la deportación de un porcentaje significativo de los once millones de migrantes indocumentados será lenta por razones legales, burocráticas, policiacas e institucionales. Los centros de detención de migrantes indocumentados están saturados y privatizar la custodia de los migrantes ilegales tardará en instrumentarse.
  • Si bien el Immigration and Customs Enforcement (ICE) es el segundo organismo encargado de la aplicación de la ley después del FBI, tardará en reclutar y formar a un número adecuado de agentes para un trabajo de esa envergadura, y legalmente habrá que reformar preceptos para asignarle a las policías locales la tarea de expulsión de migrantes.
  • No obstante, la llegada de Trump agilizará el proceso de las deportaciones porque se contará con mayores recursos para ello, más personal tanto en el ICE como en la patrulla fronteriza, y no debe descartarse la incorporación de las policías estatales y locales en la persecución, sobre todo en los estados del sur y de la franja media.
  • Como escenario para el 2017 podría pensarse: si se mantiene el flujo de deportados al nivel del 2015 (175,300) con un incremento del 25%, podría alcanzarse la suma de 219,125 deportados. Sus lugares de origen al que deberán regresar muy probablemente se ubicarán en los estados de mayor flujo de emigrantes: Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Puebla, Oaxaca y Guanajuato. Muchos de ellos tendrán más de un año viviendo en Estados Unidos y puede pensarse que el 40% de los deportados (87,650 casos) dejarán atrás a sus familias.
  • Es evidente que la obligación del Ejecutivo federal es la de dar la mejor respuesta a la emergencia de una deportación masiva. Por eso, podría coordinar esfuerzos transversales de definición programática y de ejecución estratégica con varios sentidos prácticos: que todos los deportados logren llegar a sus lugares de origen; que se les ofrezcan opciones de inclusión productiva y laboral, partiendo del supuesto de que traen una formación tecnológica y de experiencia organizativa que debe aprovecharse y algunos cuentan con ahorros que podrían invertir. Lo cual nos llevaría a la necesidad de reforzar simultáneamente la pequeña y mediana industria, la producción agropecuaria y el mercado interno.

Mario Núñez Mariel

 

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